‘No hay justicia en este país’

El COVID-19 da a las multinacionales de todo el mundo rienda suelta para realizar megaproyectos en el territorio de las comunidades originarias. Los gobiernos se mantienen más que normalmente distantes y utilizan las leyes sobre el coronavirus para mantener a los activistas ambientales en casa. En ese sentido, Honduras es el país más peligroso del mundo: recientemente, dos activistas fueron asesinados en tres días.

‘Las autoridades no han hecho nada con las denuncias de amenazas de muerte anteriores’

Félix Vásquez ya había recibido numerosas amenazas de muerte cuando fue asesinado el 26 de diciembre en su casa de Santiago de Puringla, una aldea del oeste de Honduras. Alrededor de las siete u ocho de la tarde, cuatro hombres enmascarados entraron por la fuerza en su casa y le dispararon delante de sus familiares.

‘Sus hijos -dos hijos, una hija y gemelos- huyeron de la casa porque tenían miedo de que los mataran también’, dice Felipe Benítez, un amigo de Vásquez. ‘Su madre murió un año antes. Ahora son huérfanos.’

Benítez también es el coordinador de Milpah, una organización que defiende los derechos de los pueblos originarios de Honduras. Su amigo asesinado Félix, al que llamaba

“compañero Vásquez”, también era un activista de Milpah. Era lenca, una de las comunidades tradicionales de América Central, y durante años hizo campaña contra las centrales hidroeléctricas planificadas y la apropiación de tierras por parte de grandes corporaciones.

‘Félix estaba activo desde los años 80 y era una figura muy conocida en el movimiento indígena y en nuestro distrito de La Paz’, dice Benítez. Fue miembro destacado de varias organizaciones, entre ellas un sindicato de agricultores.

Según Benítez, Vásquez había sido amenazado desde hace tiempo: ‘Ya había puesto numerosas quejas contra personas desconocidas por las muchas amenazas que recibió. Las autoridades no hicieron nada con estas denuncias.’

Dos asesinatos en tres días

‘Este asesinato está indudablemente ligado a la lucha por proteger nuestra comunidad’

El mismo escenario se repitió tres días después, el 29 de diciembre. Ese día, José Adán Mejía fue encontrado con un disparo en El Volcán, también en el oeste de Honduras. Como Vásquez, era parte de una comunidad tradicional, los Tolupan.

Adán Mejía era el coordinador de La Candelaria, el municipio donde vivía. Una disputa por la tierra se había iniciado hace algún tiempo, dice Noé Rodríguez, presidente de una federación de movimientos indígenas locales a la que Mejía pertenecía.

Ambos asesinatos fueron fuertemente condenados desde diferentes puntos de vista. La coordinadora hondureña de las Naciones Unidas, Alice Schakelford, pidió que se hiciera justicia y se enjuiciara a los autores en una respuesta en Twitter.

La diputada hondureña Olivia Marcela Zúniga Cáceres también respondió públicamente. Zúniga Cáceres es la hija de la conocida activista medioambiental Berta Cáceres, asesinada en 2016. “Exijo que este asesinato, que sin duda está vinculado a la lucha por proteger a la comunidad Lenca, sea aclarado lo antes posible”, escribió.

Las autoridades declararon que están investigando ambos asesinatos.

Corona como excusa

Los acontecimientos en Honduras no son únicos: los activistas medioambientales de todo el mundo se enfrentan a amenazas y violencia a diario. Entre 2002 y 2017, al menos 1558 activistas fueron asesinados, según un informe de la revista científica Nature. Eso es un promedio de dos asesinatos por semana.

Desafortunadamente, estos números están aumentando. En su informe anual sobre la violencia contra los activistas ambientales, la ONG internacional Global Witness informó que en 2019 fueron asesinados 212 activistas ambientales, es decir un promedio de cuatro por semana. Fue el año más letal desde que Global Witness comenzó el conteo.

La verdadera tasa de asesinatos es probablemente mucho más alta, ya que muchos incidentes y asesinatos no se reportan. Además, los asesinatos son sólo la punta del iceberg,’ dice Rachel Cox, activista de Global Witness. ‘Los ambientalistas también enfrentan amenazas de muerte, contra ellos y sus familias, encarcelamiento y campañas de desprestigio.’

En total, dos tercios de los asesinatos tuvieron lugar en América Latina. Eso lo convierte en el continente más peligroso para los ecologistas.

Pero otros países fuera de la región de América Latina tampoco son inmunes. Por ejemplo, en Filipinas también se registró un gran aumento de los delitos contra los ecologistas. El número de asesinatos de ambientalistas allí aumentó de 30 en 2018 a 43 en 2019. Esto hace que Filipinas sea el país asiático más mortífero para los activistas del clima.

Además, la crisis del corona también plantea otras amenazas, según un estudio de caso de la Coalición Internacional para la Tierra. Según la organización, los gobiernos están más alejados de los conflictos por la tierra. Las leyes para combatir la pandemia del COVID-19 también se están utilizando para presionar a los activistas.

Rachel Cox, activista de Global Witness: ‘En Filipinas, por ejemplo, vemos que las normas sobre la cuarentena se aplican de manera arbitraria. Los activistas son forzados a permanecer dentro y son castigados si rompen las reglas del corona. Pero eso no se aplica a las empresas. Pueden continuar sus actividades sin ninguna consecuencia.’

Según Hedme Castro, presidenta de ACI-Participa, lo mismo ocurre en Honduras: ‘Las medidas de cuarentena están siendo mal utilizadas para silenciar a los activistas y justificar la violencia contra ellos.’

Política de recuperación de tierras

Queda por ver si la investigación de los dos asesinatos en Honduras se llevará a cabo hasta su resolución. Honduras es conocida por su impunidad, su corrupción y la connivencia entre las élites económicas y políticas.

Las grandes empresas ven oportunidades en Honduras para realizar mega-proyectos, como presas o nuevas minas. Se trata de tierras fértiles y ‘financieramente interesantes’ para industrias como la minería, la tala (ilegal) y la agricultura. Para esas empresas sólo hay un problema: la gente que vive allí. Los proyectos a menudo se realizan a expensas de la biodiversidad y de los derechos de las comunidades que habitan el lugar.

El contexto político de Honduras también contribuye al creciente número de asesinatos de activistas ambientales.

Honduras, a pesar de los recursos de su suelo, es uno de los países más pobres de América Central. Dos tercios de los nueve millones de hondureños viven por debajo del umbral de pobreza. Los daños económicos causados por la pandemia son enormes y, además, el año pasado dos huracanes dejaron una estela de destrucción a su paso. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, estima que los daños totales ascienden a casi 2 000 millones de dólares.

Mientras tanto, Honduras se encuentra en aguas turbulentas. El presidente democráticamente elegido Manuel Zelaya fue depuesto en un golpe de estado por el ejército en 2009. El actual presidente Juan Orlando Hernández llegó al poder durante las elecciones de 2013, que fueron fraudulentas.

Según la ONG hondureña de derechos humanos ACI Participa y Global Witness, desde 2009 los sucesivos gobiernos de derecha han estado impulsando masivamente políticas de recuperación. Quieren impulsar la economía a expensas de la naturaleza y las comunidades indígenas. En paralelo, desde el golpe de 2009, un total de 123 activistas han sido asesinados.

Los ambientalistas tienen tres veces más posibilidad de ser asesinados que otros defensores de los derechos humanos

 

Rafael Alegría, coordinador de Vía Campesina, una organización internacional que defiende los derechos de los agricultores, destaca la agresiva política del actual gobierno: ‘Desde 2009 vivimos en una dictadura del Partido Nacional. Están llevando a cabo una política institucionalizada de persecución, criminalización y asesinato de líderes populares, líderes sociales, activistas y campesinos. Más de 10.000 campesinos han sido encarcelados desde entonces.

Proteger la comunidad

En 2016, el entonces Presidente del Consejo Superior de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó un informe especial. Allí se afirmaba que los ambientalistas tienen tres veces más probabilidades de ser asesinados que otros defensores de los derechos humanos. Y según Global Witness, los grupos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada por la violencia.

Rachel Cox, de Global Witness, dijo: ‘Se trata de personas que a menudo no se ven a sí mismas como activistas. Quieren proteger la tierra de sus familias y sus comunidades, pero está siendo amenazadas por proyectos gigantescos que contaminan y pueden causar graves daños a su medio ambiente. Proyectos en los que no tienen nada que decir.’

Los grupos de acción suelen lograr que su mensaje sea escuchado: ‘Estas personas tienen una fuerte identidad y mensaje colectivo”, dice Cox. Al mismo tiempo, el peligro para ellos es grande. Además de la violencia física, muchos líderes se enfrentan a campañas de desprestigio y amenazas.’

Alegría subraya cómo las luchas nacionales son en parte causadas por actores internacionales: ‘Nuestra lucha es contra las grandes empresas y la política nacional y transnacional. Todos los poderosos nos abandonaron después de las elecciones fraudulentas de 2013. También la Unión Europea, que primero condenó las elecciones pero luego no hizo nada contra el gobierno antidemocrático de Hernández.’

Justicia para los ricos, justicia para los pobres

Según el activista indígena Noé Rodríguez, muchos líderes indígenas han sido asesinados en los últimos años: ‘No hay justicia en este país.’ A lo que se suma el vínculo entre las elites económicas y políticas.

El activista Felipe Benítez opina lo mismo: ‘Este es un país con dos sistemas legales, con dos velocidades. Por un lado, tienes justicia para los ricos, para los que todo sucede rápidamente una vez que presentan una queja, y por otro lado tienes justicia para los pobres, cuyas quejas son simplemente ignoradas.’

‘Estamos luchando por nuestro país, por nuestra comunidad, pero estamos siendo masacrados’

Vivimos en un narco-estado’, continuó Benítez. ‘Estamos luchando contra figuras políticas, grandes terratenientes y multinacionales, que están conectados entre sí. Estamos luchando por nuestro país, por nuestra comunidad, pero estamos siendo masacrados.’

Honduras tiene elecciones para el congreso y los gobiernos locales en marzo. Félix Vásquez también planeaba postularse con el partido de la oposición LIBRE.

Rafael Alegría de la Vía Campesina tiene pocas esperanzas de que el resultado sea positivo: ‘El pueblo hondureño definitivamente quiere reclamar su lugar en el sistema político de este país. Pero sin ningún respeto por la conducción democrática de las elecciones, esto será muy difícil. Temo más persecución ilegal y un fortalecimiento del modelo neoliberal, que sólo causa pobreza, desigualdad y violencia.’

Berta Cáceres

La corrupción de gran alcance y la impunidad también se hicieron dolorosamente evidentes en el asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres en 2016. Ese caso tuvo una gran resonancia internacional y puso la violencia contra los ecologistas en un lugar más destacado de las noticias. Cáceres, al igual que Vásquez, era parte de la comunidad lenca.

En 2015, Cáceres fue galardonada con el prestigioso Premio Goldman de Medio Ambiente, por su protesta contra la construcción de la presa de Agua Zarca en el río Gualcarquer. El otorgamiento de la concesión de las obras fue irregular y Cáceres, como cofundadora del Copinh, el Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, encabezó la oposición a la presa.

Como Vásquez, después de meses de amenazas fue asesinada por dos hombres armados que entraron en su casa por la noche. Al igual que otros activistas medioambientales, ya había recibido varias amenazas de muerte (33 en total). Al igual que con Félix Vásquez, no se hizo nada con esas denuncias.

En noviembre de 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Berta Cáceres. Pero según la familia de Cáceres, los directores se mantuvieron al margen. Se sospecha que la empresa estatal hondureña DESA, que construiría la presa, está detrás del asesinato. En 2019, el sitio web de periodismo The Intercept publicó varias conversaciones de WhatsApp entre ejecutivos de DESA, intermediarios de DESA y los eventuales asesinos de Cáceres

Según Hedme Castro, presidenta de ACI Participa, la impunidad de Cáceres se tradujo en una mayor represión y en el debilitamiento de los movimientos indígenas.

¿Qué está haciendo Europa?

Las investigaciones realizadas por académicos, organizaciones de la sociedad civil y ONGs como Global Witness muestran que las empresas e inversores europeos están implicados en estas violaciones de los derechos humanos y medioambientales y en la apropiación de tierras. Muchos de los proyectos contra los que protestan los activistas del Sur son iniciados por empresas con sede en Europa, financiados o vendidas a Europa.

Cox señala: ‘La mayoría de las empresas que hacen minería en el Sur tienen su sede en países distintos de donde se hacen los negocios. Es esencial que los gobiernos de los países en los que estas empresas tienen sus sedes se aseguren de que estas empresas cumplan con las normas de otros países.’

Evidentemente, este no es el caso. En la actualidad existen principalmente normas no vinculantes relativas a la llamada ‘diligencia debida empresarial’.Este concepto significa que las empresas comprueban si se están violando los derechos humanos en las distintas fases de la cadena de producción.

Las empresas son libres de fijar sus propios objetivos de diligencia debida y no son supervisadas ni penalizadas si no los cumplen. Además, las empresas difícilmente respetan ‘diligancia debida’ en sus actividades más allá de sus fronteras nacionales. Según Global Witness, estas regulaciones son seriamente defectuosas.

Pero esto ahora parece estar cambiando a nivel europeo. En abril del año pasado, el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders (MR), anunció que introduciría nuevas normas sobre la responsabilidad de las empresas y la diligencia debida a principios de 2021.

El Parlamento Europeo anunció en septiembre que estaba trabajando en la redacción de una nueva legislación aplicable al respecto. En este momento el proceso se encuentra en la fase de consulta pública, lo que significa que las organizaciones de la sociedad civil y las ONGs pueden opinar sobre el proyecto de reglamentación. La Comisión Europea debería proponer las nuevas reglas a principios de este año.

Mientras tanto, el Consejo Europeo, presidido por Alemania, pidió una política de tolerancia cero para las violaciones de los derechos humanos en la cadena de producción. Aunque la adopción de estas conclusiones no tiene fuerza legislativa, la declaración de la Comisión tiene un gran valor simbólico. Después de todo, rubrica que los 28 Estados miembros europeos han acordado presentar una nueva legislación sobre diligencia debida obligatoria.

La activista de Global Witness, Rachel Cox, se muestra cautelosamente entusiasmada: ‘Queda por ver lo que será, pero esa legislación a nivel europeo es realmente la regulación que necesitamos.’ Permitiría que las empresas sean procesadas por violar los derechos humanos y ambientales.

Traducido al español por Lotte Lambrecht