Brasil y la demolición premeditada de un experimento social

Una presidenta corrupta e incompetente, que ha llevado a su país al precipicio. Así es como muchos medios nacionales e internacionales presentan a Dilma Rousseff, con The Economist a la cabeza. El presidente interino Michel Temer, quien tomó el relevo el pasado jueves, promete restaurar la tranquilidad y la confianza en la economía creciente. Tanto Rousseff como su partido (Partido de los Trabajadores, PT) lo califican como un golpe de estado, al estilo del siglo XXI. El equipo de Aquarius en Cannes también denunció los hechos: “Nuestro país está viviendo un golpe de estado”.

La prensa contribuye a ensombrecer los acontecimientos en Brasil y la agenda oculta del nuevo gobierno. ¿Qué ha ocurrido exactamente? ¿Cómo ha podido ocurrir todo eso? ¿Y por qué ha ocurrido? Es hora de poner los hechos sobre la mesa y desenmascarar algunos mitos. 

1.    ¿Qué ha ocurrido exactamente?

El jueves 12 de mayo cayó el gobierno de Dilma Rousseff al ser aprobado por el senado el proceso de destitución o impeachment. El parlamento ya había dado su aprobación en abril. La presidenta Dilma Rousseff queda ahora formalmente suspendida por 180 días, período en el cual se investigarán los hechos imputados. Las posibilidades de ser absuelta y poder retomar sus funciones son casi inexistentes, teniendo en cuenta el peso de las fuerzas opuestas. 

Inmediatamente después de la votación en el senado, el vicepresidente Michel Temer del partido de centroderecha (PMDB) asumió el poder como presidente interino. Si efectivamente Dilma es declarada culpable, Temer se mantendrá en el poder hasta el final del presente mandato, que acaba en diciembre de 2018. A pesar de que circulan algunos rumores sobre elecciones anticipadas, es poco probable que éstas tengan lugar.

2.    ¿De qué se le acusa a Rousseff?

La expresidenta es acusada de alterar las cuentas públicas para aparentar un déficit menor al real. En Brasil lo llaman pedaladas fiscais, término que equivale a los movimientos fiscales de una cuenta a otra, en este caso al traspaso de medios financieros de bancos públicos para cubrir gastos de programas públicos y así presentar unos balances presupuestarios equilibrados. 
Según la ley sobre la Responsabilidad Fiscal esto es ilegal. Sin embargo, Dilma Rousseff niega haber cometido una ilegalidad y mantiene su inocencia. Además esas pedaladas fiscais también fueron aplicadas por anteriores gobiernos sin que nadie le diera la menor importancia. 

Nadie reprocha a la expresidenta un enriquecimiento personal ni se le acusa personalmente de corrupción.

Es notable que al final este argumento sea la única acusación sujeta a investigación durante el proceso de impeachment. Sus opositores ya han intentado perjudicarla de todas las maneras posibles. Hace unos meses la acusaban de haber usado medios públicos para financiar su campaña electoral de 2014. Y en 2014 estalló el enorme escándalo de corrupción de la petrolera estatal Petrobras, la llamada operación Lava Jato. A Dilma Rousseff se le apunta como responsable porque asumía el cargo de Ministra de Minas y Energía cuando comenzaron las irregularidades.

Aun así nadie reprocha a la expresidenta un enriquecimiento personal ni se le acusa personalmente de corrupción. Más de quinientos funcionarios fueron despedidos por estar implicados en el caso Petrobras, tanto del Partido de los Trabajadores como de los partidos de la oposición. Decenas de ministros han sido encausados o encarcelados por implicación en la operación Lava Jato. Es una mancha de aceite que sigue expandiéndose, pero no es de eso que se le acusa ahora a Rousseff.  

También el presidente interino Michel Temer (PMDB), que sucede ahora a Dilma, está implicado en un gran escándalo de corrupción relacionado con la venta de etanol en el puerto de exportaciones de Santos. Si la Justicia se toma en serio la tarea de combatir la corrupción, queda por ver si podrá permanecer en el cargo. El año pasado Temer dijo: “el impeachment de Dilma Rousseff es impensable. Provocaría una crisis profunda y desestabilizaría el país”. Sin embargo, en las últimas semanas ha ofrecido su total colaboración al proceso de destitución. 

3.    ¿Por qué la presidenta y sus defensores hablan de un “golpe de estado”?

La destitución de la presidenta es una grave violación de la democracia. En octubre de 2014, Dilma Rousseff fue elegida para un segundo mandato con un 51,6% de los votos y este mandato no termina hasta diciembre de 2018. Sin embargo, la oposición, siendo el partido socialdemócrata PSDB de Aécio Neves la mayor fuerza, nunca pudo asimilar esa victoria. Perdieron las elecciones tres veces consecutivas contra el PT. Desde la reciente victoria de Dilma, en octubre de 2014, el PSDB ha buscado la manera de hacer caer a su gobierno. Para ello no solo apuntaban a la figura de Dilma, sino que su intención era claramente dañar al PT con tal de alejarlo definitivamente del poder. 

De ahí la humillación pública de Lula, predecesor de Dilma considerado como el político más popular de Brasil, quien fue detenido en su casa ante los ojos de las cámaras y llevado para ser interrogado sobre los hechos para los que ya había concedido su colaboración voluntariamente. También fue grabada una conversación telefónica entre Dilma Rousseff y su ángel protector Lula. El juez Sérgio Moro hizo pública la conversación, cometiendo así un delito, hecho por el cual fue apartado del caso Lula por el Tribunal Supremo de Brasil.

La detención de Lula para interrogarle tuvo lugar pocos días después de hacer pública su intención de presentarse nuevamente como candidato a las elecciones de 2018.

4.    ¿Entonces, de dónde vienen todas las protestas callejeras? ¿Quiénes son esas personas?

La ola de protestas empezó en Brasil en 2013, un año antes de la Copa Mundial de Fútbol, a raíz del incremento de la tarifa del transporte público. Los manifestantes denunciaban, sobre todo, los elevados gastos de la Copa y de las inminentes Olimpiadas cuando había otras necesidades por resolver como el transporte público, la educación y la vivienda.  

La mayor parte de los manifestantes eran partidarios del gobierno de Rousseff. Pertenecen al grupo de población que acababa de acceder a la sociedad de consumo y querían que el proceso de cambio se acelerara y se llevará más allá. No pedían un nuevo gobierno, sino que reclamaban algunos ajustes en la política. Para acallar las protestas, la presidenta Rousseff prometió reformas políticas, entre otras cosas. Pero no consiguió cumplir su promesa, porque el alboroto generado contra su persona hizo que no lograra el apoyo suficiente en el parlamento para poder realizar estos profundos cambios.

Desde entonces no ha vuelto la tranquilidad y las fuerzas de la derecha también se han lanzado a la calle. Estas agrupaciones contrarias al gobierno abarcan un amplio abanico, desde las élites económicas tradicionales y un núcleo de la antigua dictadura militar hasta la nueva clase media que pudo salir de la pobreza tras 13 años de políticas sociales. Éstos últimos opinan que el proceso de cambio ha ido demasiado lento y aunque tienen sus propias frustraciones se dejan llevar fácilmente por una élite con una agenda política y económica propia. Además, los grandes medios de comunicación como O Globo actúan totalmente en función de esa agenda. 

El llamamiento a la vuelta a la dictadura, como cincuenta años atrás, es notable, pero al mismo tiempo no es de sorprender. Los militares siempre han mantenido un poder importante en Brasil. Durante la transición a la democracia hubo un acuerdo secreto que nunca ha sido quebrado, dice el poeta brasileño Domenek. Nunca tuvo lugar una transición de poder. 

Además existe también un grupo que reclama un profundo cambio político en Brasil, que se haga otro tipo de política y una profundización real de la democracia. Están hartos de la corrupción y reprochan al PT haberse dejado llevar por la antigua cultura política, no haberse distanciado lo suficiente de antiguas prácticas y que las reformas sociales realizadas nunca hayan llevado a reformas estructurales que pongan en duda el capitalismo – nefasto social y ecológicamente. 

5.    ¿Anti corrupción?

Las decisiones que ha tomado Temer para formar su gobierno dejan poco a la imaginación. Doce de los 23 ministros recibieron dinero de empresas implicadas en el caso Petrobras durante la campaña electoral de 2014. Nueve de los ministros se enfrentan a una investigación judicial en curso por corrupción o prácticas irregulares administrativas. El responsable de las cuestiones jurídicas del Ministerio de Asuntos Interiores será Gustavo do Vale Rocha, abogado de Eduardo Cunha, quien a su vez presidió el parlamento e impulsó el proceso de impeachment. Por lo tanto, el gobierno de Temer se postula más bien como un gobierno de la operación Lava Jato que como un gobierno que promete combatir la corrupción. 

6.    ¿Profundización de la democracia?

Algunos medios interpretan la protesta actual y la destitución de Dilma Rousseff “por abuso y corrupción” como “una profundización de la democracia”. Es todo lo contrario. El gobierno de Temer está lejos de ser la encarnación del profundo cambio político deseado. 

Algunos logros cruciales de los 13 años de política del PT fueron inmediatamente anulados. También se rescindieron rápidamente el Secretariado de Comunicación Social y los Ministerios de Cultura, de Comunicación, de los Derechos de la Mujer, Igualdad Racial y Derechos Humanos y el de Desarrollo Rural, igual que la agencia Anticorrupción.

Los Ministerios de Desarrollo, Industria y Comercio, de Educación, de Justicia y de Trabajo fueron reformados. La ministra de Medio Ambiente, Izabella Teixeira, fue sustituida por Sarney Filho, el hijo del expresidente José Sarney (PMDB), exponente del poder de los terratenientes y propietario él mismo de un feudo en el estado de Maranhão. 

El de Temer es un gobierno compuesto por hombres blancos de clase media-alta, sin ninguna mujer, ninguna persona de color, ni ningún representante de las clases sociales. La diversidad social y étnica no está reflejada de ninguna manera en este gobierno. “En menos de 5 horas el reloj retrocedió 30 años”, se leía en las redes sociales. 

7.    ¿Bueno para Brasil o bueno para los EEUU?

José Serra del partido socialdemócrata PSDB se convierte en Ministro de Asuntos Exteriores y de esta manera el PSDB recibe su recompensa por el trabajo realizado. Porque si alguien se ha esforzado por desestabilizar el gobierno de Dilma Rousseff, ese es el PSDB de Aécio Neves y su predecesor José Serra. 

Aécio Neves era el principal rival de Dilma Rousseff en las elecciones de octubre de 2014. Serra perdió dos veces como candidato a la presidencia, una vez contra Lula y otra contra Dilma Rousseff. Ahora ha tenido más suerte. Se le ha encargado la tarea de desmantelar la colaboración Sur-Sur, uno de los buques insignia del gobierno de Lula, y aflojar el trato preferencial con China, para luego reanudar los vínculos con los EEUU.

A José Serra se le ha encargado la tarea de desmantelar la colaboración Sur-Sur y aflojar el trato preferencial con China, para luego reanudar los vínculos con los EEUU.

También las formaciones como Unasur, que ratifican la soberanía de Sud América, deberán ser debilitadas. Serra ya criticó duramente al presidente de Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper. Asimismo las embajadas de los países del ALBA, Nicaragua, Cuba, Ecuador y Bolivia recibieron duras críticas. 

Según la revista brasileña online Carta Maior, el PSDB se convirtió el año pasado en el partido que defiende los intereses del gran capital y se presta como portavoz de bancos americanos como JP Morgan. Con vistas a las elecciones de 2014 se trabajó duramente entre bastidores en un plan para desestabilizar el gobierno de Dilma Rousseff, conjuntamente con analistas de JP Morgan y con la cooperación total del expresidente del PSDB Fernando Henrique Cardoso.

Según Carta Maior los grandes grupos financieros quieren provocar abiertamente el final de la democracia en Brasil y el PSDB se deja manejar sumisamente. Pretenden acabar con la política social y retomar de nuevo un camino neoliberal radical, a través del desmantelamiento de los derechos sociales y la plena privatización del sector público.  

8.    ¿Petrobras?

Concretamente, el gran capital ansía hacerse con el control de la petrolera estatal brasileña Petrobras, que supone la mayor fuente de ingresos de la política social del Partido de los Trabajadores. Son los ingresos de esta petrolera, sobre todo del petróleo recientemente descubierto en las aguas profundas de la reserva del presal frente a las costas de Rio de Janeiro, los que financian las pensiones así como otras prestaciones sociales de los brasileños.

El hecho de que gran parte de esta empresa sea gestionada por el estado brasileño es la espina en el ojo de los gurús neoliberales, partidarios de una privatización total de la petrolera, tal y como desvelaron las informaciones de Wikileaks. 

El gran capital ansía hacerse con el control de Petrobras, a la que prefiere ver fuera de las manos del estado. Petrobras ha de ser privatizado.

El escándalo de corrupción causó el desplome del valor de Petrobras, hecho que se traduce en el abaratamiento de la compra de la empresa una vez que la política lo decida. Concretamente significa lo siguiente: una modificación de la ley que facilite la privatización de Petrobras. 

Según Wikileaks, José Serra prometió a Chevron, durante su campaña para las presidenciales de 2010, que si él llegaba a ser presidente cambiaría la ley del petróleo, tal y como había sido introducida por Lula, para derivar nuevamente más beneficios hacia las multinacionales. Serra perdió las elecciones pero siguió luchando por su objetivo como senador, y lo consiguió. Durante la crisis prolongada, el parlamento aprobó una revisión de la ley del petróleo. Desde su posición debilitada Dilma Rousseff no ha podido pararla.

9.    Brasil y compañía 

El significado y el impacto de la crisis política en Brasil resultan difícil de sobrevalorar y sobrepasan las fronteras nacionales. 

Lo que está sucediendo aquí debe ser visto como un ejercicio de equilibrio entre los poderes mundiales dentro del contexto de una nueva guerra fría, con los EEUU y China como jugadores principales.

El teólogo de la liberación Leonardo Boff sostiene que lo que está sucediendo aquí debe ser visto como un ejercicio de equilibrio entre los poderes mundiales dentro del contexto de una nueva guerra fría, con los EEUU y China como jugadores principales. “Wikileaks destapó el espionaje de los EEUU dentro de Petrobras para obtener información sobre las reservas del presal, entre otras cosas. Dilma Rousseff también fue víctima de escuchas telefónicas. Esto forma parte de la estrategia del Pentágono, para ocupar grandes extensiones bajo el lema de “un mundo, un imperio”.

“Se llenan la boca con la democracia pero en realidad la vacían por dentro, para traspasar todo el poder al mercado y a la internacionalización de la economía”, apunta Boff. La mejor defensa contra eso según Boff es seguir defendiendo la democracia y buscar nuevas maneras para fortalecerla. 

En Latinoamérica está llegando el fin de un ciclo de gobiernos progresistas, gobiernos que apostaban por mejorar la calidad de vida de las capas más pobres de la población. Ni siquiera lo hacían implementando grandes cambios estructurales al capitalismo. Su único “delito” era defender una redistribución menor, sin dañar realmente a las élites establecidas y exigir una mayor soberanía y autogobierno para poder determinar un curso propio. Ahora estos gobiernos progresistas están siendo destituidos para dar lugar a un neoliberalismo radical, que tuvo su inicio el pasado año con el presidente Mauricio Macri en Argentina. 

Entretanto, Venezuela arde y Nicolas Maduro tiene los días contados. La oposición está allanando el camino para poder destituirlo antes de que termine su mandato. Por su parte, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia no deberían bajar la guardia.

Traduccion: Nuria Dereymaeker